Impugnación de actos administrativos particulares (como sanciones, destituciones, liquidaciones de impuestos o decisiones laborales) que vulneren derechos de particulares o de servidores públicos.

Procesos judiciales para reclamar la indemnización de perjuicios causados por fallas en el servicio, hechos u omisiones imputables a entidades del Estado.

Demandas orientadas a proteger de manera general el ordenamiento jurídico frente a actos administrativos que infrinjan normas superiores.